A la firma, presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, han asistido los vicepresidentes Nadia Calviño y Pablo Iglesias y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, así como los presidentes de las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, y los secretarios generales de UGT y CCOO, José Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, en 30 de enero de 2020. El documento suscrito fija el SMI en 950 euros mensuales, una subida de cincuenta euros respecto a la cantidad del año 2018, según www.lamoncloa.gob.es.
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Estas nuevas cuantías representan un incremento del 5,56% con respecto a las previstas para 2019. Han sido fijadas considerando los factores económicos identificados en el artículo 27.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y surtirán efectos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.
Para el Gobierno, esta medida es un primer paso para alcanzar el objetivo de que el SMI se sitúe al final de la legislatura en el 60% del salario medio español, tal y como recomienda la Carta Social Europea. Ha sido fruto del diálogo social y toma como base la concesión solidaria de los agentes sociales, a los que el Ejecutivo ha agradecido la voluntad de acuerdo.
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Trabajo decente y salarios dignos
Tras el acto de la firma, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha elogiado la voluntad de consenso de las partes implicadas y ha calificado el incremento del SMI como el primer gran acuerdo del nuevo Ejecutivo, así como la respuesta a un mandato de la mayoría social del país.
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Díaz ha subrayado la importancia que cincuenta euros suponen en la nómina de los hogares de las familias trabajadoras, aunque no representen una gran cifra en términos macroeconómicos. La medida -ha añadido- refleja el compromiso del Gobierno con un modelo asentado en el trabajo decente y con salarios dignos que aleje la precariedad y, al igual que la reciente revalorización de las pensiones, demuestra la unidad del Ejecutivo en favor de la justicia social, el diálogo y la acción.
Además, el Gobierno considera que el acuerdo alcanzado y el impulso al alza de los salarios benefician al conjunto de las personas trabajadoras y las empresas y representan un motor para la economía y el desarrollo de España.
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