Ernesto Colman Mena, dueño de Vitaldent y su entramado societario -con las mercantiles Laboratorios Lucas Nicolás SDL y Opendent SL- en el centro son el origen de la investigación contra la cúpula de esta franquicia dental con más de 400 clínicas y un imperio económico montado al calor de ellas. La UDEF ha detenido ya a Colman, presidente, al vicepresidente Bartolo Conte, y once de sus colaboradores más estrechos, algunos administradores de sociedades del entramado en una operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado número 2 de Majadahonda. Se les acusa de blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa y delitos contra la Hacienda Pública, informó el periódico ABC.es.
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La jueza ha ordenado además la entrada y registro en oficinas y domicilios de varios puntos de la Comunidad de Madrid, incluida la sede central de Vitaldent en Las Rozas. Ha decretado también la prohibición sobre 124 fincas, 36 vehículos a motor y una aeronave valorada en un millón de euros. Está previsto el bloqueo de saldos en 25 bancos, así como el bloqueo de dos SICAV por importe de 5 millones de euros y la prohibición de disponer de otras 103 fincas rústicas.
La irrupción de los agentes pasadas las ocho de la mañana ha sorprendido a los trabajadores que ya estaban en su puesto. Algunos han asegurado a ABC que varios policías han echado abajo un muro con mazas de las dependencias donde se encuentran los servidores centrales de las empresas.
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Doble contabilidad
La investigación comenzó tras la denuncia presentada por uno de los franquiciados a la que se fueron sumando otros. Todos ellos detallaron a la Policía y a Anticorrupción que el dueño de Vitaldent les exigía pagar en negro (en efectivo) la cantidad que costaba abrir una clínica y que para ello enviaba a recaudadores de la organización (de su núcleo de confianza) a recoger el dinero, tal y como ha quedado acreditado a lo largo de las pesquisas.
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Las pesquisas han puesto al descubierto el funcionamiento de un núcleo duro en torno a Colman con papeles diferenciados con el fin de llevar a cabo un fraude continuo y blanquear las ingentes cantidades de dinero obtenidas, muchas de las cuales han acabado en paraísos fiscales. Las dos sociedades citadas figuran a la cabeza, pero hay muchas más al frente de las cuales el presidente ha colocado como apoderados a personas de su confianza.
La denuncia inicial ya explicaba la existencia de una doble contabilidad de la que estaban al tanto todos los directivos de la compañía, así como los directores financieros y daba cuenta de que esta «Caja B» estaba protegida para poder hacerla desaparecer por parte de algunos de los denunciados.
Fraude imposible de contabilizar
Según los investigadores, a partir de las sociedades iniciales se ha constituido todo un entramado societario a partir de «Laboratorios Lucas Nicolás» con la intención de no pagar impuestos y crear una pantalla, un cortafuego para eludir responsabilidades. En esa trama hay que diferenciar dos tipos con varios niveles tanto de responsabilidad como de actuación. Una de las empresas, por ejemplo, es responsable casi en exclusiva de la exitosa gestión publicitaria. Hay otras que se han dedicado a acumular bienen inmuebles por todo el territorio.
Colman y sus colaboradores se han dedicado a enriquecerse, según la investigación, y para ello han utilizado todos los medios a su alcance: el sobrecoste de los productos y el material para las clínicas; la formación del personal, la publicidad, las inversiones inmobiliarias y, por supuesto, la ya explicada creación de una «caja B», nutrida con el dinero de los franquiciados (a la fuerza) y opaca a Hacienda. Las pesquisas han revelado un fraude fiscal aún imposible de contabilizar teniendo en cuenta el volumen de dinero que ha entrado y salido de España en dirección a cuentas de Suiza, Holanda o Luxemburgo.
Se están llevando a cabo una quincena de registros en varios puntos de la Comunidad de Madrid como Tres Cantos, Pozuelo, Móstoles, Las Rozas o Pinto en los que participan decenas de policías y varios juzgados.
Vitaldent cuenta con más de 400 clínicas dentales, tiene una facturación que ronda los 500 millones de euros y su presidente ha aparecido en numerosas ocasiones en la lista de las fortunas de España. Según las fuentes consultadas por ABC, no está previsto clausurar ninguno de los centros médicos ni que estos dejen de atender a los pacientes, dado que se ha articulado previamente un mecanismo para evitar perjuicios a los miles de clientes de estos centros, según la fuente citada.