El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde a un nuevo decreto que tiene como finalidad agilizar los trámites para poder poner a disposición de los colectivos más vulnerables las subvenciones de los que puedan ser beneficiarios. Esta medida podrá aplicarse a líneas de ayuda para la consolidación del trabajo autónomo o para el fomento de la contratación de colectivos de trabajadores, entre otras, según la Comunidad de Madrid.
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La crisis del coronavirus (COVID-19) requiere rápidas respuestas en todos los ámbitos, incluyendo la propia tramitación ordinaria de los procedimientos administrativos, medios necesarios para conseguir el objetivo final, que es la aportación de ayudas a la ciudadanía.
El régimen de control interno sobre los procedimientos puede llevarse a cabo con carácter previo a la adopción de los actos administrativos o a posteriori, mediante técnicas de control financiero.
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En la Comunidad de Madrid se ha venido aplicando el régimen de fiscalización previa en materia de subvenciones y ayudas con carácter general, pero en las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos, resulta necesario sustituir este control por uno posterior, al objeto de agilizar la tramitación de los expedientes de gasto, lo que será especialmente necesario en aquellas líneas de ayuda relacionadas con colectivos vulnerables o que pueden contribuir al impulso del empleo o la economía.
El Consejo de Gobierno tiene en cuenta también que como Administración ha debido adaptarse en pocas semanas a circunstancias que afectan a todos los ciudadanos, ya sea por el propio desarrollo de la enfermedad, por la necesidad de permanencia en el domicilio de su personal con medidas de teletrabajo, así como por el hecho de que por parte del Estado se van adoptando medidas de urgencia cuya ejecución corresponde a las comunidades autónomas.
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Unidad de control que actúa con plena dependencia
De esta forma, y con el nuevo decreto, la supervisión de los gastos en la materia se realizará a posteriori mediante control financiero. En cualquier caso, será la Intervención General, unidad que actúa con plena independencia sobre los órganos controlados, la que decidirá los expedientes de gasto concretos a los que la medida resultará aplicable, estableciendo las condiciones precisas para que la gestión de los fondos públicos cumpla con los requerimientos de la normativa vigente.
Además, el Consejo de Gobierno contempla que una vez restablecido el normal funcionamiento de los servicios públicos, la Intervención General de la Comunidad de Madrid acordará mediante resolución la finalización de la aplicación del control financiero permanente para las líneas de subvención o ayuda correspondiente, restableciéndose la aplicación de la función interventora previa.
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