La decisión del Tribunal Supremo que carga sobre los clientes, y no sobre los bancos, el coste de los impuestos de las hipotecas ha provocado numerosas movilizaciones este pasado sábado (10.11.2018) por todo el país, en las que han participado miles de personas, según Confederación Sindical de Comisiones Obreras.
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El objetivo de las movilizaciones, convocadas por CCOO y UGT, así como numerosas fuerzas políticas y sociales, era protestar contra una decisión que va en contra de los intereses de la mayoría de la sociedad, y que además de poner en cuestión la independencia del poder judicial.
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Para ambos sindicatos, el poder judicial ha protagonizado un espectáculo bochornoso que contribuye a aumentar el desprestigio de la justicia en nuestro país. Más aún, el fallo emitido en el día de ayer pone en cuestión la misma calidad de nuestra democracia al deteriorar dos de sus pilares: la independencia del poder judicial y el principio de igualdad ante la ley.
La decisión del Tribunal Supremo es indignante no sólo porque va en contra de los intereses de la mayoría de la sociedad y a favor del sistema financiero sino porque ésta ha venido forzada por un replanteamiento del fallo que previamente había dado a conocer el tribunal competente con toda legitimidad, poniendo en cuestión la independencia del poder judicial. Gestión tan infame de esta “rectificación” no se resuelve pidiendo disculpas.
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El proceso también ha puesto en cuestión la inacción del poder político ya que el proyecto de ley hipotecaria, donde tendrían que estar reguladas estas cuestiones, lleva dos años en sede parlamentaria pendiente de tramitación. Así la ausencia de iniciativa desde la política es responsable del exceso de protagonismo de los tribunales en la regulación de la cosa pública.
En estas condiciones es indispensable exigir responsabilidades a quien desde el poder judicial ha tomado la decisión de la reconsideración de la sentencia del tribunal competente metiendo al país en este despropósito y velar por la independencia de la justicia y exigir medidas y la pronta tramitación de una Ley Hipotecaria que preserve los intereses de la ciudadanía.
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