El Consejo de Ministros ha aprobado, en el 15 de febrero de 2019, un Real Decreto por el que se regulan las bases del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES), dotado con 45 millones de euros y dirigido a incentivar la compra de vehículos alternativos, instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, el desarrollo de incentivos para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y la implantación de medidas recogidas en planes de transporte a los centro de trabajo, según La Moncloa (lamoncloa.gob.es).
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Adicionalmente, se habilita una línea de 15 millones de euros destinada a apoyar proyectos singulares de movilidad sostenible en ciudades Patrimonio de la Humanidad, municipios con alto índice de contaminación o ubicados en islas, o iniciativas de innovación en electromovilidad.
Los importes de las ayudas para la adquisición de vehículos oscilan entre los de 700 euros para motos eléctricas y los 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa. Las ayudas para la compra de vehículos ligeros eléctricos se sitúan en torno a los 5.000 €.
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En paralelo, se exigirá fabricantes, importadores de vehículos o puntos de venta un descuento mínimo de mil euros en la factura, excepto para las compras de cuadriciclos y motos. Así, los potenciales beneficiarios de la ayuda estatal contarán con un incentivo adicional para apostar por la movilidad sostenible.
Los incentivos para vehículos de gas se reservan para camiones y furgones, dado que las alternativas eléctricas no cuentan con el suficiente desarrollo.
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En cuanto a los puntos de recarga eléctrica de vehículos eléctricos (públicos y privados) y a los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, las ayudas serán de un 30% o un 40% del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario, estableciéndose un límite de 100.000 euros.
Por último, MOVES fija un límite de 200.000 euros de ayuda por beneficiario para la implantación de Planes de Transporte a los Centros de Trabajo con una ayuda del 50% del coste subvencionable.
Las ayudas podrán ser cofinanciadas con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y no son compatibles con otras ayudas, de cualquier otra administración, que tengan la misma finalidad.
Reparto territorial
Pueden ser beneficiarios de las ayudas MOVES profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarios, empresas privadas, entidades locales y las entidades públicas vinculadas a ellas, las administraciones de las comunidades autónomas y otras entidades públicas de la Administración General del Estado.
Ambos programas de ayudas, que coordinará el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), serán gestionados por las comunidades y ciudades autónomas, que deberán realizar convocatorias en sus respectivos territorios. El criterio de reparto de consensuará en la Conferencia Sectorial de Energía, órgano de coordinación entre el Ministerio para la Transición Ecológica y las administraciones autonómicas en materia energética.
El presupuesto asignado a cada comunidad o ciudad autónoma deberá repartirse entre las distintas actuaciones recogidas en el Real Decreto. Así, deberá dedicarse entre un 20% y un 50% a la adquisición de vehículos alternativos; y entre un 30% y un 60% a la implantación de infraestructuras de recarga. De este último porcentaje, un mínimo del 50% ha de dirigirse a puntos de recarga rápida o ultrarrápida.
Por otro lado, la implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas puede suponer ente un 5% y el 20% del presupuesto asignado y el apoyo a planes de transporte en centros de trabajo pueden contar hasta un 10%.
La partida de 45 millones destinada a MOVES fue consignada al IDAE en los presupuestos de 2018 con el objeto de financiar „actuaciones de apoyo a la movilidad basada en criterios de eficiencia energética, sostenibilidad e impulso a energías alternativas, incluida la disposición de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos”.
Por su parte, la línea de 15 millones dedicada a presupuestos singulares proviene de una partida finalista de 10 millones asignada para tal fin al IDAE en los presupuestos de 2017, y que no fue ejecutada en su momento, y una segunda partida de 5 millones prevista en los presupuestos del pasado año.
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