El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se aprobará en el Consejo de Ministros el Ingreso Mínimo Vital (IMV), “una medida histórica en nuestra democracia reciente para que nadie se queda atrás” y que se marca como objetivo amparar a 4 de cada 5 personas en situación de pobreza severa en España, según la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (revista.seg-social.es).
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El IMV será una prestación gestionada a través de la Seguridad Social que se suma a nuestro sistema de protección social y no será, por tanto, una medida transitoria. Los cálculos realizados hasta el momento estiman que beneficiará a más de 850.000 hogares de los que más de la mitad tiene niños a su cargo y en los que conviven alrededor de 2,3 millones de personas.
La cuantía dependerá del número de miembros de cada hogar y de las rentas que perciban y se empezará a cobrar en el mes de junio, a medida que se vayan recibiendo las solicitudes.
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La medida tendrá un coste anual estimado alrededor de los 3.000 millones de euros y se asemeja a programas similares que se desarrollan en la totalidad de países de nuestro entorno. En este enlace te contamos cómo funcionan algunos de ellos.
Lucha contra la pobreza y la exclusión
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Pedro Sánchez ha hecho hincapié en que el Ingreso Mínimo Vital pretende tender una red protectora que alcance a quienes corren el riesgo de caer por la pendiente de la exclusión social y la pobreza, especialmente los 2 millones de niños que padecen esta situación en nuestro país.
En estos momentos, se estima que alrededor de 550.000 hogares padecen pobreza extrema en España, es decir, viven con ingresos inferiores a los 230 euros mensuales. El IMV pretende sacar de esa situación de extrema gravedad al 80% de esos hogares aproximadamente.
Más allá de esa pobreza extrema, en España 12,3 millones personas (26,1% de la población) se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social según se recoge en el informe ‘El Estado de la Pobreza. España 2019 IX Informe anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión’, realizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Una población que puede verse seriamente afectada debido a las consecuencias económicas de la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19.
Ese riesgo viene medido por la tasa AROPE (por sus siglas en inglés, At Risk Of Poverty or social Exclusion) que se creó en 2010 a efectos de medir la pobreza relativa en Europa ampliando el concepto de la tasa de riesgo de pobreza, que solo contempla los ingresos, teniendo en cuenta criterios como la carencia material o la baja intensidad en el empleo para el cálculo.
Esa carencia material, tiene un reflejo muy claro en la Encuesta de Condiciones de Vida que publica el Instituto Nacional de Estadística y que arroja datos como que el 10,4% de los hogares españoles experimenta “mucha dificultad” para llegar a fin de mes, que el 36,0% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y el 34,2% no se pudo permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año.
Umbral de pobreza
Siguiendo los criterios de Eurostat, el umbral de riesgo de pobreza se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas. Por tanto, aumenta o disminuye en la medida en que lo haga la mediana de los ingresos. Al crecer los ingresos por persona, aumenta el umbral de riesgo de pobreza.
En 2018 (fecha de la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE), el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona se situó en 8.871 euros, un 4,1% más que el estimado en el año anterior. En hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años, dicho umbral fue de 18.629 euros.
En 2018 (teniendo en cuenta los ingresos de 2017), el porcentaje de población por debajo del umbral de riesgo de pobreza se situó en el 21,5% de la población residente en España, frente al 21,6% del año anterior.
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